Polarización y Derechos Humanos: paredes porosas entre el estado y la gente

Rafael Archondo

La orden era clara, estaba fechada e iba acompañada por una amenaza.

El comunicado de la Gobernación de Oruro decía, a la letra, lo siguiente: “Constituirse a la población de Vila Vila el día viernes 8 de noviembre del 2019 a horas 6:30 AM para realizar el bloqueo correspondiente y no dejar pasar a la derecha opositora, así mismo resguardando el proceso de cambio de nuestro presidente Juan Evo Morales Ayma. La asistencia será estrictamente controlada y por incumplimiento se sancionará con dos días de haber”.

Así se pretendía defender la continuidad gubernamental desde las filas del oficialismo o desde el partido de Estado, en el que se ha terminado convirtiendo el Movimiento al Socialismo (MAS), con el paso de los años. Para esa autoridad, los comicios del mes previo habían sido limpios y solo quedaba prolongar el mandato de Morales Ayma por otros cinco años.

En cambio, para la llamada “derecha opositora”, se había producido un fraude electoral “monumental”, gracias al cual quedaba cancelada la segunda vuelta y se declaraba la victoria “trucha” del MAS en primera ronda, como sucedería efectivamente un año más tarde bajo la supervisión de un Tribunal Supremo Electoral (TSE) totalmente nuevo. Los y las “pititas” que resistieron durante 21 días los fracasados escrutinios de los comicios de 2019, aceptarían los de 2020 con tristeza, pero también con ejemplar integridad democrática.

El citado comunicado de la Gobernación orureña es quizás la evidencia más expresiva del modus operandi de la autoridad en un periodo de crisis como el que vivió Bolivia a finales de 2019. Su autor fue el único Gobernador se terminó refugiado casi un año en la embajada de México en La Paz. De su comportamiento activo para frenar el paso de la oposición por su departamento derivaron los hechos de violencia en Vila Vila. Algo muy serio se traía entre manos Víctor Hugo Vásquez Mamani para haberse tenido que ir a esconder en la legación diplomática azteca.

El dato consignado acá con el que abrimos este artículo, no emerge sin embargo de alguna declaración de la llamada “derecha opositora”, sino del informe de 470 páginas redactado hasta julio de 2021 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Se trata del esfuerzo de comprensión más riguroso que se haya efectuado sobre la reciente crisis política boliviana.

Es urgente añadir que el GIEI es una creación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Nació a pedido del gobierno transitorio de Añez y pudo concluir su misión gracias al respaldo del gobierno de Arce. No hay entonces entidad más creíble en el orbe para cumplir semejantes tareas.

Pese a ello, el texto fue y es ignorado por todos los actores políticos bolivianos. En inicio, el procurador Wilfredo Chávez anunció que la investigación del GIEI iba a destapar un mundo. Muy rápido dejó de frotarse las manos. Para el MAS, el informe es incómodo, aunque ya no puede desacreditarlo, porque contó con patrocinio oficial. Por eso, los oficialistas han preferido olvidarlo.

Mientras tanto en la mente y agenda de los círculos de la oposición, el GIEI tampoco existe. Ni siquiera Comunidad Ciudadana (CC), el partido que no tiene que rendir cuentas por la conducta del ex ministro Arturo Murillo, ha profundizado en el análisis del documento.

La razón de este ninguneo simétrico es una sola: el país está polarizado y a nadie le conviene reconocer errores. Esa es la lógica de esta dinámica que nos empobrece. Y es que en Bolivia imperan los extremos. Si alguien, como lo han hecho los autores del reporte del GIEI, señala que tanto Evo Morales como Jeanine Añez violaron los derechos humanos, corre el riesgo de no ser escuchado por ninguno de los bandos. Comprobamos entonces, de acuerdo al título de este artículo, que la vigencia de los derechos humanos y la polarización no son amigos. El movimiento de trincheras no existe. Han sido cavadas para sostener los avances sin ceder un milímetro.

Lo encontrado

Hagamos primero un recuento preciso de los hallazgos más relevantes del GIEI para luego pasar a un balance general del contexto que vivimos en el país.

Acá, lo más relevante:

1. Durante las últimas semanas del gobierno de Morales y las primeras del gobierno de Añez (septiembre a diciembre de 2019) se cometieron graves violaciones a los derechos humanos que dieron por resultado irreparable la muerte de al menos 37 personas.

2. Los responsables directos de estos fallecimientos son las fuerzas del orden, ya sea porque usaron violencia de manera desproporcionada o porque no evitaron el enfrentamiento entre civiles. La comisión o la omisión recaen plenamente en los uniformados.

3. La administración de justicia y los cuerpos represivos fueron usados por ambos gobiernos como arma de escarmiento político contra la oposición de turno. En este ámbito, los virajes de jueces y fiscales al calor del dictado palaciego del momento equivalen casi a actos circenses.

4. Durante el conflicto, sindicatos, comités cívicos y cooperativas cometieron abusos inaceptables contra la propia población, quemando casas, capturando rehenes, torturando personas, amenazando periodistas, organizando saqueos, hostigando sexualmente a sus víctimas e incitando al racismo. Civiles alevosos contra civiles desprotegidos. Bolivia parece estar siempre dispuesta a una guerra civil que, por fortuna, no se cristaliza.

5. Aunque ambos gobiernos son señalados por los hechos luctuosos, hay diferencias en el modo de llevarlos a cabo. Mientras las autoridades del MAS optaron por incitar a sus bases a cometer los abusos, el gobierno transitorio de Añez y Murillo empleó la acción conjunta de Policía y Fuerzas Armadas. El empleo de bases sociales o sindicales para la represión es la novedad de estos tiempos[1]. Su uso conlleva impunidad en la medida en que no son agentes de seguridad sometidos a una disciplina interna, sino ciudadanos comunes y corrientes quienes abusan de su capacidad de coacción.

6. En las últimas semanas del gobierno de Morales, se usaron bienes públicos, maquinaria y citatorios obligando a los empleados públicos a participar directamente del conflicto. Por ejemplo, Oruro fue usado como barrera para evitar la llegada a La Paz de manifestantes opositores transportados desde Potosí o Tarija.

7. Hubo uso de armamento letal y por lo tanto, muertos y heridos de bala. Lo usaron los militares en Senkata y Sacaba, pero también los ayllus Qaqachacas en Vila Vila y Playa Verde. Otra vez encontramos el fenómeno descrito líneas atrás: en la medida que los que disparan son comunarios o mineros, la violencia se reviste de cierta legitimidad. Por otra parte, cabe la posibilidad de que policías o militares recurran a armas no reglamentarias para hacer pasar sus disparos y proyectiles como originados en actores civiles[2].

8. La Resistencia Juvenil Cochala (RJC) no solo operó como auxiliar de policías o militares, cometió actos de discriminación que pusieron al desnudo la profunda brecha racial que divide en Cochabamba a la capital de sus provincias. Como vemos, el recurso de movilizar civiles con armamento semi letal ha dejado de ser patrimonio de los sindicatos, los cuales evocan a las viejas milicias del periodo de la Revolución Nacional. Ahora son también los segmentos de oposición de origen urbano quienes emulan esas actuaciones.

9. El motín policial que le dio un giro inesperado al conflicto, fue respondido casi de inmediato con el asalto civil a las instalaciones de la institución verde olivo por parte de la militancia del MAS. Luego vino la reacción reforzada de la policía, que con ayuda de los militares, ascendió la espiral de atropellos contra ciudadanos inocentes. El odio entre uniformados y pobladores se profundizó con cada reacción violenta. Tras la ocupación de los cuarteles policiales, los militantes del partido de Evo Morales se aprovisionaron de pertrechos que luego usaron en la prolongación de sus acciones violentas. En sus mochilas guardaron granadas de gas lacrimógeno, chalecos, bastones o cascos.

10. El gobierno transitorio de Añez se ensañó con personal subalterno cercano a las autoridades del régimen derrocado. El caso de Patricia Hermosa es ilustrativo, dado que perdió a su bebé en medio de la arremetida. El de una trabajadora del hogar, dependiente del ex ministro Quintana, es otro de los hechos más absurdos y condenables. La venganza de las nuevas autoridades abarcó sospechosos de todos los grupos sociales afines al MAS, con lo cual solo se reforzaron las lealtades ideológicas o clientelares entre el ex presidente fugado a México y Argentina y el tejido social que lo encumbró desde las elecciones de 2005.

11. El muro perimetral que protege la planta de YPFB en Senkata fue derribado por grupos reducidos de personas a lo largo de siete segmentos. No se usaron explosivos, solo fuerza física humana. Los invasores no pudieron tomar las instalaciones gracias a la reacción tenaz de los militares. En Sacaba, los uniformados no dejaron pasar a los manifestantes, mientras que en Senkata, éstos se excedieron y fueron reprimidos letalmente[3].

Paredes porosas

El reporte del GIEI no tiene símiles ni comparativos. Ha sido realizado incluyendo a todas las voces posibles. Su neutralidad queda por ello fuera de duda. La experiencia signada en sus páginas acredita el modo de trabajo riguroso y profesional, propio de organismos multilaterales, cuyo mandato depende tanto del país anfitrión como de la comunidad de estados que supervisa la seriedad de las pesquisas.

Algo similar, sino idéntico podría decirse de la auditoría electoral de la OEA que obligó a cancelar las elecciones bolivianas de 2019. Ninguno de los informes fabricados por la izquierda afín al MAS en Estados Unidos, Europa o América Latina ha podido desvirtuar seriamente las evidencias de dolo en el manejo de los resultados electorales del año en el que Evo Morales decidió renunciar y huir del país.

Dirijámonos ahora a las precisiones que pueden derivarse del informe del GIEI.

Lo primero que salta a la vista es que la violación de los derechos humanos en el país es practicada bajo banderas políticas por conglomerados humanos complejos formados por autoridades y ciudadanos. Tanto el MAS como la oposición han sofisticado con ello sus operaciones públicas. A diferencia de los actores políticos del periodo previo (1982-2000), la beligerancia no solo convoca a los cuerpos clásicos de la represión estatal, sino también a actores colectivos sindicales, cívicos y vecinales.

Los nuevos agentes de la violencia se organizan tanto en las redes sociales, desde donde evocan y sobrecalientan sus fobias y filias, como en espacios territoriales en los que velan por construir unanimidades intimidantes. Colectivos de diverso tipo salen de sus casas para cerrar calles y carreteras, apilar obstáculos, repartir bicarbonato o gas pimienta, azuzar jaurías de canes o enfilar escudos artesanales intercalados por lanza-petardos y motocicletas[4].

El efecto de imitación es un hecho demostrado. Ni bien quedó organizada la RJC con sus falanges de ruedas, acero y cuero, los jóvenes de la zona sur de Cochabamba se contrapusieron con arsenales similares, aunque ésta vez, ondeando wiphalas. Este nuevo protagonismo de sujetos altamente politizados ha dado lugar a que las autoridades locales de la policía y las Fuerzas Armadas hayan llegado incluso a coordinar acciones con dichos grupos a fin de mejorar el desempeño del conglomerado. El motín policial y la posterior toma de instalaciones policiales por parte de los militantes del MAS ha desatado no solo una guerra entre los dos bandos, sino una aproximación de los uniformados con las clases medias que aplaudieron su insubordinación previa. Luego, las acusaciones y procesos judiciales contra ex comandantes militares por parte de las autoridades del MAS también ha implicado solidaridad y respeto hacia ellos por parte de quienes no comparten las ideas del llamado proceso de cambio. De ese modo, las instituciones represivas han terminado arrastradas y sacudidas por las profundas brechas políticas y partidarias que cimbran a la sociedad boliviana.

El uso masivo de internet ha reforzado exponencialmente la capacidad de acción de los movilizados. A la exaltación de los prejuicios y los odios vía meme o video editado, siguen los llamados a la acción. Gente que antes no se atrevía a exhibirse en su racismo o su menosprecio por el distinto, lo hace ahora con la garantía del anonimato digital. Al final, la atmósfera de la imposibilidad del reencuentro o la inviabilidad de la reconciliación se va imponiendo de un modo difuso, pero también acelerado.

Los choques entre ciudadanos, secundados o contenidos por policías o militares, han empezado a generalizarse, propiciando con ello un caldo de cultivo para una guerra civil, que solo alcanza a postergarse por afortunados y oportunos hechos de factura individual. ¿Acaso no se hubiera dado el enfrentamiento generalizado de no haberse sentado en una mesa Jeanine Añez y Eva Copa?, ¿acaso no estaríamos contando más muertos si los bloqueos de agosto de 2020 no daban paso a los comicios de octubre del mismo año? Podemos forjar preguntas como esas en cantidades.

En 2009, una mayoría clara de la población puso en marcha una nueva Constitución. Sin embargo, por ella no votó ninguno de los líderes visibles de la oposición, aunque todos ellos hayan logrado hacerle más de cien modificaciones en un Congreso en el que el MAS aún carecía de los dos tercios.

En contraste, el primer partido que decidió cambiar la Carta Magna para habilitar la postulación indefinida, fue precisamente el MAS que había impulsado el movimiento constituyente. Del mismo modo, el único partido que se propuso, en magno Congreso interno de diciembre de 2016, analizar las vías para desconocer la voluntad popular del 21 de febrero de ese mismo año, fue otra vez el MAS.

La sucesión envenenada de estos pasos nos ha llevado a la situación actual.

El GIEI ha puesto en duda nuestra musculatura democrática. Queda claro que los bolivianos nos movilizamos cada vez más, ya no para hacer respetar nuestros derechos, sino para atropellar los de los otros que no piensan igual. La circular de la Gobernación de Oruro da testimonio además de que lo hacemos muchas veces con la activa complicidad de las autoridades que nos son agradables o gratas. En tal sentido, ya no hay alcalde del país que concentre todos sus desvelos en el bienestar de sus mandantes. Ahora además hay que salir a marchar, bloquear o gritar para que el gobierno central no erosione judicialmente la continuidad de la gestión. La polarización está acabando con lo poco que quedaba de las instituciones. La pregunta es si también acabará con la posibilidad de velar por los derechos humanos de todos. De todos y todas.

La paredes que dividen a la sociedad del Estado siempre fueron porosas en Bolivia. Siempre fue difícil discernir entre la lucha por mejores salarios y la conquista del poder político por parte de los asalariados, o al menos, por parte del grupo que dice representarlos.

La realidad del estado plurinacional es de boquetes, ya no de poros. Confluyen de todas las vertientes, destacamentos de personas que consideran que sus prerrogativas solo pueden ser impulsadas haciendo uso de la violencia. Dado que al frente no encuentran precisamente a militares o policías, sino a otros ciudadanos de cuño adverso, decae la mediación o separación de fuerzas beligerantes.

Bolivia parece experimentar hoy la muerte de los ideales abstractos, y su reemplazo por los odios concretos y personalísimos. Todo asunto en controversia deriva en una acusación que invalida la integridad del enemigo. A éste se lo combate, no porque carezca de razón, sino porque su sola existencia amenaza la propia.

En ese contexto incendiado, la violación de los derechos humanos se generaliza. Ya no tiene lugar dentro de las mazmorras del Estado, sino en los canchones y plazas, en las veredas polvorientas o en el árbol de la esquina. Estamos a punto de lincharnos o al menos eso parece advertirnos por lo pronto el magistral reporte del GIEI. En nuestras manos está evitarlo.

Bibliografía

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 23 de julio de 2021. Informe sobre los Hechos de Violencia y Vulneración de los Derechos Humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

[1] Durante el periodo de la Revolución Nacional, las milicias mineras o campesinas cumplían un objetivo similar. Sin embargo, estaba supervisadas ya sea por la Central Obrera Boliviana (COB) o por el propio Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en el poder. [2] El uso de bolas de vidrio o canicas por parte de algunos oficiales de la policía en mayo de 2018 es un ejemplo de lo señalado. [3] Las llamadas masacres de Senkata y Sacaba no habían sido esclarecidas del modo en que el GIEI lo hizo. Su relato de ambos hechos es impecable y no ha sido impugnado por ninguno de los bandos en disputa. [4] Muchas de estas técnicas de insurgencia civil fueron probadas con éxito en Ucrania el año 2013. La toma de una plaza y la decisión de no abandonarla edificando fortificaciones en su perímetro llevó a la renuncia del Presidente pro ruso de ese país. Acciones similares fueron desarrolladas en Estados Unidos, España y la Primavera Árabe.