Estados Unidos y la Guerra del Gas

La denominada Guerra del Gas (2003) podría ser caracterizada como la violación masiva de derechos humanos más reciente de la Historia de Bolivia. Hasta ahora, solo se habían analizado sus rasgos domésticos. Este análisis busca añadir el componente internacional a la narrativa histórica conocida. Estados Unidos fue uno de los países con mayor influencia en lo sucedido. Haciendo uso de reportes históricos y entrevistas periodísticas, se intenta aquí reconstruir el discurso usado en ese momento en el marco de las relaciones bilaterales entre Bolivia y los Estados Unidos. El eje es el debate sobre los derechos humanos. Esta mirada abarca la injerencia norteamericana desde la Guerra del Gas (2003) hasta el juicio a Sánchez de Lozada en Fort Lauderdale (2018).

El presente artículo busca reconstruir el rol histórico que jugó la embajada de los Estados Unidos en Bolivia a partir de la llamada Guerra del Gas (2003). El análisis parte de ese momento y se extiende hasta el juicio civil al que fue sometido Gonzalo Sánchez de Lozada en el sur de La Florida (2018) por las muertes de octubre de 2003. Los datos provienen de dos fuentes primordiales: una entrevista al ex embajador de Estados Unidos en La Paz, David Greenlee (2007), y una serie de 20 notas periodísticas redactadas por Erick Foronda (2018), uno de los pocos periodistas que cubrió el juicio mencionado. En los dos reservorios de datos salen a relucir las actuaciones del gobierno de los Estados Unidos. En ellas se concentra nuestra mirada analítica.

El artículo se divide en principio en dos secciones: Estados Unidos en la Guerra del Gas y El rol de Estados Unidos en el juicio contra Sánchez de Lozada. La tercera parte reúne 15 conclusiones.

El propósito de esta indagación fue determinar el peso de los norteamericanos en este largo proceso y analizar discursivamente el valor de los derechos humanos en la reflexión diplomática estadounidense de entonces y ahora.

1. El rol de Estados Unidos en la Guerra del Gas

En una entrevista concedida el 19 de enero 2007 al proyecto de historia oral de la Asociación de Estudios Diplomáticos de su país, el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, David Greenlee, durante el periodo 2003-2006, cuenta un episodio de su vida diplomática que hasta ahora había pasado desapercibido para los historiadores. El diplomático jubilado (Greenlee, 2007) narra que cuando se producían los conflictos de la denominada Guerra del Gas entre septiembre y octubre de 2003, se reunió con el entonces vicepresidente Carlos Mesa. Greenlee asegura haber tenido “una reunión difícil” en dicha ocasión.

Según sus propias palabras (Greenlee, 2007), el diplomático le habría dicho a Mesa lo siguiente:

“Los Estados Unidos han trabajado duro para respaldar la democracia en Bolivia. Lo que ahora está ocurriendo en las calles no es democracia, es caos. Es lamentable que haya habido derramamiento de sangre, pero este es un gobierno constitucional. Si usted quiere liberarse del Presidente, hay una vía constitucional para hacerlo. Puede pedir su enjuiciamiento” (Greenlee, 2007:250).

El Presidente citado era Gonzalo Sánchez de Lozada (más conocido coloquialmente como Goni), quien había sido reelegido un año antes para un segundo mandato. Cuando se registraron los primeros muertos producto de un operativo militar orientado a proveer de gasolina a la ciudad de La Paz, bloqueada durante varias semanas por los manifestantes, Mesa tomó distancia del gobierno y planteó su disidencia por el modo violento en el que se intentaba resolver el conflicto. Su postura debilitó considerablemente al gobierno, que a partir de ahí se dirigió hacia el punto de colapso.

Cuando Greenlee se dio cuenta de que Mesa no iba a poder ser persuadido de abandonar su distancia con Sánchez de Lozada, usó una frase audaz: “Si usted no puede respaldar a su Presidente, entonces ¿por qué no renuncia?” (Greenlee, 2007:251). Quien terminaría renunciando sería Sánchez de Lozada, cuya capacidad para tomar decisiones se había recluido dentro de las paredes de la residencia presidencial de San Jorge.

De inmediato, Greenlee reconoce lo siguiente en la entrevista citada:

“Estaba diciendo algo que ciertamente no era una instrucción de mi gobierno, sin embargo era la opinión de alguna gente cercana a Goni, y a mí esa postura me hacía sentido. Pero yo era un ajeno ahí, Bolivia no era mi país, aunque me dolía mucho ver un gobierno constitucional siendo derrocado” (Greenlee, 2007:251).

La postura de Greenlee lo llevó a romper los límites convencionales de la diplomacia. Le había pedido su renuncia al Vicepresidente, consciente de que más que representar a Washington, estaba portando la voz de “gente cercana a Goni”. Él mismo era parte de ese círculo. ¿Hasta qué grado puede un embajador influir sobre la política interna en un país?, ¿hasta dónde puede tomar partido en medio de las habituales escaramuzas entre los titulares del poder?, ¿cuánto peso tienen los derechos humanos en ese tipo de decisiones?

Catorce años después, el Departamento de Estado le prohibió a Greenlee que declare en el juicio civil que se le siguió a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, su ex ministro de Defensa, en una corte federal del sur de La Florida, precisamente por los hechos señalados de octubre de 2003. ¿Qué hubiera dicho Greenlee si le permitían asistir a los interrogatorios en Fort Lauderdale?, ¿hubiera vuelto a lamentar con el mismo énfasis simultáneo el derramamiento de sangre y el derrocamiento de un gobierno electo?, ¿qué pesa más sobre la balanza de quien toma decisiones?, ¿la salud del estado de derecho o el respeto a la vida humana?, ¿la razón de estado o la razón humanitaria?

En esa larga entrevista, realizada por John Stuart, Greenlee (2007) afirma que lo que en su momento se consideraba como “una insurrección popular” se transformó en octubre de 2003 en una “masacre”, debido a la “indisciplina” del ejército boliviano:

“La escolta militar chocó con la gente que protestaba. Hubo sin duda falta de disciplina de parte de los militares. La gente fue muerta, al menos en un número de doce en ese incidente. Hubo otros incidentes antes y después y el recuento de muertos subió a 56. (…) El momento de inflexión fue el incidente del convoy de gasolina. A partir de ahí, la clase media, la prensa y parte de la Iglesia se volcaron en contra de Sánchez de Lozada” (Greenlee, 2007:249).

Así recuerda el ex embajador lo ocurrido el domingo 12 de octubre de 2003. Cinco días después, Goni presentaba su renuncia ante el Congreso para dar paso a la sucesión constitucional. Mesa juraba a la presidencia. El número oficial de bajas fue finalmente de 64. Ocho de esos muertos se transformaron en querella judicial 14 años después en Miami, allí donde Greenlee ya no pudo testificar a favor de su amigo.

Greenlee rememora que cuando ocurrieron los hechos sangrientos de ese día, tuvo que cancelar la idea de iniciar unas vacaciones con su familia. En ese momento en París, se encontraba acompañando al gobierno boliviano en una reunión con los organismos multilaterales de crédito. Tomó de inmediato un vuelo hacia Sao Paulo y de ahí otro a Santa Cruz. Una vez allí, no consiguió una conexión hacia La Paz debido a la convulsión social que se vivía en esa ciudad. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos dispuso entonces para él, el avión C-130 que usaba la agencia anti drogas. Un helicóptero lo trasladó más tarde desde el aeropuerto de El Alto hasta un sitio cercano a la embajada, situada en la avenida Arce de la sede de gobierno. El ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, lo estaba esperando. “Estaba claramente preocupado”, rememora Greenlee., aunque no relata qué conversaron.

La responsabilidad de la masacre es atribuida constantemente a la indisciplina militar. Greenlee dice más adelante en la entrevista: “En cada evento, las tropas no estaban disciplinadas. Su sobre-reacción ante la ola inicial de protestas jugó a favor de la oposición” (Greenlee, 2007:250).

Greenlee (2007) reconoce en la entrevista que su percepción de los hechos estaba equivocada:

“Estaba errado en un asunto fundamental. Lo que estaba ganando fuerza no era un golpe de los muchos que ha vivido Bolivia en su historia, era algo más profundo y más extenso que eso, era el inicio de una nueva fase para el país. Era un momento revolucionario” (Greenlee, 2007:251).

Como puede observarse, el ex diplomático utiliza un razonamiento dual. Por un lado responsabiliza al ejército por los muertos y los explica a partir de la indisciplina de los subalternos, lo cual hace pensar que exculpa a los altos mandos. Sin embargo, por otra parte, en una deducción que parece posterior a 2003, Greenlee admite que detrás de las acciones de protesta se estaba gestando una transformación que iba más allá del mero cambio de presidentes.

El ex embajador revela además que horas antes a la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia, lo persuadió de que borrara un párrafo de su carta de renuncia. Al mediodía del viernes 17 de octubre de 2003, Greenlee y Goni conversaron por teléfono. Cuando el diplomático supo que el aún jefe de Estado pensaba calificar su salida del Palacio como un “golpe de Estado”, le aconsejó que suprima esa caracterización en la misiva, porque iba a dificultar la ayuda que Estados Unidos pensaba seguir proporcionando a Bolivia. “Si usted pone en su carta que está siendo destituido por un golpe, nosotros no estaremos en posibilidades de apoyar a Bolivia. Eso complicaría nuestra capacidad para respaldar al país”, habría dicho Greenlee al teléfono (Greenlee, 2007:252). Goni habría aceptado borrar el párrafo. Gracias a ello, el entonces embajador pudo hablar horas más tarde con Carlos Mesa, el sucesor presidencial, y ofrecer todo su apoyo a la “reestablecida” democracia boliviana.

En sus palabras con Stuart, el diplomático jubilado señala:

“Lo llamé al mediodía y le dije: estoy escuchando que usted está a punto de salir. Él respondió: sí, estamos analizando las condiciones, estamos escribiendo una carta. El Congreso se va a reunir y nosotros vamos a presentar esa carta. Lo que voy a decir es que éste es un golpe. Yo le dije: Señor presidente, usted sabe que nosotros lo hemos apoyado y queremos una solución que debe ser constitucional. Si usted pone en su carta que está siendo destituido por un golpe, no estaremos en posibilidades de apoyar a Bolivia. Eso complicaría nuestra capacidad para respaldar al país, para apoyar lo que quede del país. Él me dijo: Voy a pensar lo que me dice. Él borró ese párrafo de la carta. Meses después él me dijo que yo tenía razón, pero seguía convencido de que había sido víctima de un golpe y que Mesa jugaba un rol fundamental en éste” (Greenlee, 2007:252).

Greenlee añade más adelante que Goni consideró la posibilidad de seguir gobernando desde Santa Cruz, pero que desistió de esa idea. “Ello hubiera encendido una guerra civil”, agrega el ex embajador.

Más adelante añade:

“Esa noche recibí un mensaje del Secretario de Estado, Colin Powell, quería saber a qué hora llegaría el avión a Miami. De nuestra parte, trabajamos con las autoridades allá para asegurar que Goni fuera tratado a su llegada como el amigo de nuestro país que era” (Greenlee, 2007:252).

La relación de respaldo de las autoridades norteamericanas al entonces presidente es muy visible en las declaraciones del ex embajador. De forma reiterada, Greenlee elogia a Goni o narra iniciativas suyas para apoyarlo. Cuando Mesa ya está gobernando, el embajador se reúne con él para pedirle que el juicio que le prepara la Corte Suprema de Justicia se realice sin interferencia política:

“Yo estaba muy apenado al ver cuántos de los antiguos colegas de Goni y personas que le debían mucho política y personalmente parecían satisfechos viéndolo así, colgado” (Greenlee, 2007:254).

El contraste entre las dos historias es evidente. Greenlee no consigue la renuncia de Carlos Mesa, pero cuando quien va a dejar el mando es Sánchez de Lozada, sí logra convencerlo de que desista de acusar a Mesa de golpista. Estamos hablando de una influencia moderada. Ni la advertencia de que no tendrá respaldo norteamericano frena a Mesa en su ruta hacia la plaza Murillo, ni la decisión de Goni de expresarse libremente en su última carta, puede prosperar a causa de una advertencia idéntica. La aquiescencia de Goni le abre las puertas al asilo político. Estados Unidos tiene muchas fichas en el tablero y las usa.

Sin embargo, aunque por su posición de fuerza fáctica, Mesa parece tener más soberanía disponible, comparado con Goni, otro incidente posterior narrado por Greenlee nos recoloca en un análisis más certero.

El ex embajador de Estados Unidos en Bolivia revela también que el entonces ministro de la Presidencia, José Galindo, sondeó con él la posibilidad de que el ya posicionado gobierno de Carlos Mesa decidiera el cierre del parlamento. Galindo quiso averiguar cuál podría ser la reacción de la Casa Blanca ante tal posibilidad. Mesa no contaba con una bancada parlamentaria que le favoreciera y enfrentaba la hostilidad del poder legislativo a sus iniciativas. En ese contexto, eclipsar una de las resistencias más imponentes durante su administración, se tornaba tentador.

Greenlee sostiene en su relato que Mesa estaba experimentando “el destino de la mayoría de los presidentes bolivianos de la historia reciente”, es decir, el no poder gobernar debido a las marchas y huelgas. En ese contexto, uno de sus principales obstáculos, dice el ex diplomático, habría sido el Congreso:

“En un determinado momento, Pepe Galindo (ministro de la presidencia) me preguntó que haría Estados Unidos si Mesa disolviera el Congreso. Yo le dije que eso era cancelar la democracia y que reaccionaríamos en ese sentido. Entonces Galindo me dijo que solo era una idea, sin embargo después siguió planteando la idea insistentemente con Washington por teléfono. Yo fui informado por Washington sobre esa conversación y la respuesta de ellos fue la misma que la mía. Mesa seguramente negaría lo que digo acá, pero estoy seguro de que la idea contaba con su aprobación” (Greenlee, 2007:257).

El incidente muestra que a pesar del “desplante” de Mesa cuando Greenlee le plantea que renuncie, más adelante se muestra dependiente de la Casa Blanca para tomar decisiones trascendentales, las cuales, ante el rechazo “imperial”, prefiere no asumir.

La información recolectada hasta acá nos plantea numerosas preguntas de investigación. ¿Cuánto peso tiene la defensa de los derechos humanos en la acción diplomática de bolivianos y estadounidenses en el periodo de la denominada Guerra del Gas y en los años posteriores?, ¿cuán relevantes son las acciones individuales en el momento de tomar decisiones de Estado?, ¿cuánto margen de maniobra individual tienen los embajadores supuestamente constreñidos por las instrucciones del Departamento de Estado?

La pregunta a la que responde este estudio tiene relación con todas ellas y con ninguna en particular. Sin embargo profundiza más en lo que puede llamarse la narrativa o la argumentación en uso. Esta interrogante es: ¿Cuál es el discurso convencional de la diplomacia norteamericana a la hora de enfrentar el dilema entre la violación de los derechos humanos y la preservación de las instituciones? En otras palabras, ¿cuál es la narrativa dominante usada por Estados Unidos cuando debe superar el dilema al que obliga un sistema supuestamente legal, pero involucrado en acciones ilegítimas?

2. El rol de Estados Unidos en el juicio a Goni

Nuestro segundo espacio de indagación, además de lo ya introducido con la entrevista a Greenlee (2007), es el juicio de casi un mes realizado en una corte federal de los Estados Unidos, localizada al sur de La Florida. Se trata del juicio civil celebrado contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Es uno de los episodios más relevantes en materia de derechos humanos de lo que va del siglo en Bolivia, solo comparable con el juicio realizado por la Corte Suprema de Justicia contra el ex general Luis García Meza (1986-1993).

El juicio citado está ampliamente documentado. Si bien Greenlee no fue autorizado a declarar, es evidente que la argumentación usada en defensa de los dos Sánchez es plenamente coincidente con los puntos de vista que llevaron al gobierno de los Estados Unidos a proporcionarle refugio a ambos. La defensa de Goni y Sánchez Berzaín encarnó de manera insistente el discurso que estamos buscando analizar. Es más, como demostraremos, muchos de los argumentos usados por la defensa de ambas ex autoridades se basó en los reportes enviados por la embajada estadounidense en La Paz.

Al mismo tiempo, el hecho de que el jurado de diez ciudadanos norteamericanos haya fallado el 3 de abril de 2018 en contra de los acusados, nos muestra adicionalmente que dentro de Estados Unidos existe una posición alternativa de cuestionamiento. El 30 de mayo, el juez James Cohn optó por contradecir el fallo del jurado calificando los hechos como no probados. El choque de las dos posturas en el juicio es muy esclarecedor para conocer ambas vertientes y le confiere a este artículo una actualidad indudable.

Erick Foronda trabajó en la embajada de los Estados Unidos durante 27 años. Fue agregado de prensa entre 1990 y 2017. Tras renunciar a sus funciones como enlace entre la embajada y los periodistas, decidió migrar a Estados Unidos. Se mudó a Washington a fines de 2017.

El día en el que comenzó el juicio a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, el 5 de marzo de 2018, Foronda apareció acompañando a la comitiva de los dos acusados (foto adjunta). Días después comenzó a enviar a Bolivia reportes casi diarios de lo ocurrido en la sala de sesiones. Tras varios intentos por acomodar sus escritos en distintos medios bolivianos, consiguió que el sitio Urgente.bo acogiera su seguimiento informativo. La cobertura de Foronda ha sido material principal de análisis para esta investigación. Esto se debe a que sus notas reflejan mejor que nada la postura de la parte acusada. El discurso de la parte contraria no fue adecuadamente recogida, en parte por el sesgo de Foronda, pero sobre todo por la prohibición de parte del juez a demandantes y demandados, de hacer pronunciamientos públicos. Sin embargo, numerosos posicionamientos posteriores al fallo y sobre todo el veredicto, permiten hoy completar el prisma.

Al final, por presuntas casualidades de la vida, un ex funcionario de la Embajada de Estados Unidos ha terminado siendo el cronista oficial del juicio contra los Sánchez. Se trata de un elemento parcialmente anecdótico para el análisis.

El juicio comenzó el lunes 5 de marzo de 2018. El veredicto del jurado fue emitido el 3 de abril y contradicho el 30 de mayo. Le seguirá una larga fase de apelaciones. Nuestro análisis abarca diversos argumentos desplegados a la largo de un mes intenso. El juicio contra el ex presidente Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, no tiene parangón en la Historia. Fue la primera vez que autoridades de ese rango se sentaron ante un jurado en los Estados Unidos. Si bien se trataba de un juicio civil, no penal, y por tanto, más que delitos fueron juzgadas responsabilidades, su peso simbólico es innegable. Por primera vez en década y media, los supuestos responsables de aquellas 64 muertes, tuvieron que explicar el por qué de sus acciones. La sentencia inicial les impuso una sanción de diez millones de dólares, el juez la retiró. Dado que el final del juicio es aún incierto, acá nos interesan más las narrativas que se activaron durante aquel mes.

La defensa de Goni se parapetó en la idea de que la masacre de octubre de 2003 se originó en un escenario de desorden y fuego cruzado. A diferencia de Greenlee (2007:249), quien atribuye los fallecimientos a la indisciplina de los soldados, quienes habrían sobre-reaccionado ante las agresiones de los manifestantes, los abogados del ex presidente, Steve Raber y Anna Reyes, se esfuerzan por demostrar que el ejército no era el único actor beligerante (Foronda, 2018h).

En el caso de la muerte de la niña Marlene Choque en la localidad de Warisata, los abogados de Goni convocaron a un experto en balística llamado David Katz, quien pese a no haber estado en el lugar de los hechos en 2003, es considerado por el periodista Foronda (2018j) como el autor de un “testimonio”. Katz solo leyó el informe oficial y de ahí extrajo sus conclusiones. La que más destaca el reportero es que “no hay elementos para afirmar que hubo intencionalidad en matar a los ciudadanos”. Peor aún, Katz dice sospechar que los proyectiles no salieron del arsenal militar, sino de fusiles Máuser, en manos de civiles. En palabras de Foronda, “Katz lanzó la hipótesis de que en el caso de la niña Marlene Rojas, cuyos padres son quienes acusan a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, pudo haber muerto por el proyectil de un rifle Máuser” (2018k).

La referencia a la falta de intencionalidad es recurrente. Se trata de una matanza en la que las balas vuelan sin orden ni objetivo. Peor aún, dispara el ejército, pero también los amotinados. Los Máuser son la prueba de ello. No son carabinas M-16 del arsenal castrense, sino viejos fusiles insurrectos, saldo de la insurrección de abril de 1952.

Revisemos la supuesta evidencia de Katz en el relato de Foronda (2018j):

“Es como si fuera de una distancia equivalente a alrededor de 10 canchas de fútbol, dijo. -¿Puede una bala viajar tan lejos?, preguntó la abogada Reyes.- Sí, la bala que fue de 7.62 milímetros por 51, puede ir varias millas.- ¿Pueden los rifles Máuser disparar balas tipo 7.62?, preguntó la abogada.- Sí, respondió el experto.- ¿Qué hay de los M-16? ¿Pueden disparar una bala 7.62?- No, no pueden” (Foronda, 2018k).

Como vemos, lo único que se conoce es cuál es el proyectil y la clave de todo consiste en saber cuál fue el arma. El ejército solo pudo haber disparado a una distancia menor, los manifestantes pudieron haberlo hecho desde más lejos. Entonces ¿quién mató a Marlene?

Después del fallo, ya bien entrado abril, Foronda (2018t) entrevistó al abogado de Goni, Steve Raber, en su despacho de Washington. En ese diálogo, el jurista afirma que durante el juicio no fue posible probar si hubo intencionalidad de matar por parte de las autoridades acusadas. También afirma que como no se conoce la identidad de los soldados, tampoco es posible determinar si ellos tuvieron el deseo de acabar con la vida de las personas. Si eso es así, ¿cómo pudo haber sabido David Katz que no hubo intencionalidad con solo leer los informes de balística? Acá un reporte se enfrenta al otro.

En los hechos, el jurado dijo en su veredicto algo muy diferente a lo que Raber cuestiona en su entrevista con Foronda (2018t). A la pregunta de si las muertes conocidas por el tribunal fueron “ejecuciones extrajudiciales”, el jurado (Corte del Distrito Sur de La Florida, 2018) responde que sí. Ello significa que no hubo un proceso judicial previo, sino que cayeron abatidas en manos del Estado sin la menor posibilidad de defenderse. Luego se les consulta si ellos creen que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tuvieron o no “responsabilidad de comando” sobre los soldados que ejecutaron a los civiles. La respuesta es nuevamente afirmativa. Enseguida se les pregunta si los Sánchez conspiraron con otras personas para provocar las muertes. El jurado lo niega. La siguiente pregunta es si los acusados se pusieron de acuerdo con los soldados para acabar con esas vidas. El jurado vuelve a negarlo. La pregunta final señala si el soldado que mató a la persona tuvo intenciones de matar.

El jurado dice no, nuevamente.

Si se analiza bien la secuencia, el veredicto (2018) no es inconsistente, como afirma la defensa de Goni. Es obvio que nunca hubo la intención de matar a esas personas en particular, las cuales seguramente eran sujetos desconocidos tanto para los altos mandos como para los ejecutores que jalaron el gatillo.

El objetivo del Estado en ese momento era aplastar las manifestaciones mediante el uso de la fuerza. Se buscaba provocar el daño necesario con el fin de hacer retroceder las protestas. La identidad de quienes protestaban o la identidad de quienes reprimían era irrelevante. Ni unos ni otros se conocían personalmente. En tal sentido, nunca pudo haber habido un acto deliberado de fijar blancos específicos. Moría todo lo que se ponía delante del convoy o amenazaba con frenar su paso.

Lo que el jurado en Estados Unidos (2018) distingue con claridad es la “responsabilidad de comando”. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sabían que enviar soldados con armamento letal a las calles podía causar muertos. Ese es el costo que asumieron pagar y por supuesto no emitieron orden alguna de disparar. No hacía falta. Bastó con escribir el verbo “garantizar” para referirse al suministro de combustibles. La responsabilidad de comando, que el jurado de Miami, les atribuye, los hace responsables de los daños ocasionados por anónimos soldados disparando sobre anónimos manifestantes. De ahí surgió la obligación de pago. Diez millones de dólares es lo que se supone podría ayudar a reparar los descalabros provocados por el paso de la caravana artillada de camiones cisterna. Es un juicio civil, hay que recordarlo. Es lo que hay.

Otro hecho peculiar en la cobertura de Foronda (2018i) es la declaración de dos médicos forenses norteamericanos, aportados por la defensa. Ninguno de ellos estuvo alguna vez en Bolivia. A pesar de ello, califican los informes acerca de las muertes como insuficientes para hacer un examen forense. Joye Carter y David Fowler simplemente descalifican lo presentado, sin aportar información nueva al caso.

Luego viene lo ya señalado. Foronda (2018g) presenta el siguiente relato:

“La abogada Anna Reyes de la defensa dio lectura a cables enviados por la Embajada de EEUU durante toda la crisis de octubre. Entiendo después de leer los informes de la fiscalía y del Departamento de Estado que hubo gente organizada y hasta francotiradores en el área que fueron contactados por los insurgentes” (2018g).

Como vemos el discurso de Greenlee se confunde con la defensa y sirve de supuesto material de verificación de los hechos.

Las preguntas que Anna Reyes hizo en la corte son muy orientadoras. Foronda (2018g) las traduce así: “¿Es una protesta pacífica personas movilizadas con armas y dinamitas? ¿Es pacífico emboscar un convoy de turistas que deseaban abandonar una población bloqueada y que ya no tenía ni medicinas ni alimentos? ¿Es pacífico hacer estallar una estación de gasolina y matar allá tres personas? ¿Es pacifico derrumbar pasarelas?”.

La abogada alude a hechos cuya veracidad resulta claramente endeble. ¿Armas?, ¿por qué no hubo muertos de ambos bandos?, ¿turistas emboscados?, ¿hay alguno al menos herido?, ¿estación de gasolina en llamas?, ¿no fue acaso claramente un accidente?

En otro momento del juicio, Foronda informa así:

“Citando cables de la embajada de EEUU en Bolivia, Reyes describió que durante todo este tiempo convulsionado de Bolivia lo que si hubo es un plan para atacar dependencias del gobierno, instalaciones policiales y estrangular a La Paz con un bloqueo generalizado de carreteras y con movilizaciones que amenazaban atacar a la ciudad” (2018g).

Otra vez Greenlee aparece como fuente primordial para la defensa. No hay rastros del plan insurreccional, solo afirmaciones de embajador. ¿Atacar dependencias del gobierno?, ¿instalaciones policiales? No supimos de ninguna agresión. ¿Amenaza de atacar la ciudad?, ¿cuál?

La defensa de Goni prosigue:

“Reyes dijo que Felipe Quispe y Evo Morales son responsables de octubre 2003. Quispe se atribuyó la embocada en Warisata, atacó a la embajada de EEUU en Bolivia y se presenta a sí mismo como terrorista. Morales orquestó los bloqueos de El Alto, fue responsable de la muerte de policías en Sacaba y por eso fue expulsado del Congreso y es líder de los productores de coca que se convierte en cocaína, dijo” (Foronda, 2018g).

Las afirmaciones de la abogada Reyes aparecen como novedades inéditas para la Historia de Bolivia, pero en realidad son una serie de imprecisiones mal fundamentadas. Su objetivo es transformar a los acusados en víctimas de una gran conspiración. ¿Cuál es la relación entre el desafuero de Morales del Congreso con estos hechos concretos?, ¿cuál pudo haber sido el poder del líder cocalero sobre las fuerzas vecinales de El Alto?, ¿por qué se menciona la cocaína?

La narrativa presentada por los abogados de Goni coincide detalladamente con los criterios esgrimidos por la embajada. Lo que ese gobierno enfrentó habría sido un plan organizado para derrocarlo.

La estrategia periodística de Foronda se refuerza con el paso del tiempo. Cuando ya ha logrado generar la sensación de que la defensa de Goni ha desplegado con éxito sus argumentos, hace conocer la siguiente afirmación en labios del juez (foto):

“La Corte tiene serias reservas en cuanto a la suficiencia de la evidencia relacionada con un plan para usar la fuerza letal contra civiles. Además, el Tribunal tiene lo que yo clasificaría como serias reservas en cuanto a la suficiencia de la evidencia vinculando a los acusados ​​con cualquier ejecución extrajudicial” (2018j).

Esta declaración aparece publicada el 24 de marzo. Faltan 9 días para el veredicto. La cita deja la sensación de que es el juez y no el jurado, quien toma la primera decisión. El regreso anticipado a Bolivia de dos de los testigos de la parte demandada genera una sensación de derrota (Foronda, 2018p). Muchos ya están seguros de que los Sánchez saldrán con una absolución bajo el brazo. Foronda, cuyos sesgados reportes, delatan su matriz conceptual, va expandiendo el desaliento.

El general Marcelo Antezana, entonces comandante del Colegio Militar, fue uno de los testigos de la defensa (Foronda, 2018b). Como todos ellos, adquirió gran protagonismo en la cobertura de Foronda. La misma reza así:

“Durante su testimonio, Antezana explicó que el Presidente es el Capitán General de las Fuerzas Armadas, quien hace conocer las medidas administrativas mediante el Ministro de Defensa y las operativas-castrenses mediante el Comandante en Jefe. Explicó que la instructiva del Presidente es general y que éste se va complementando a medida que llega a mandos medios operativos” (2018b).

Con esas palabras, Antezana explica muy bien la manera en que se extiende la cadena de mando. Ni el Presidente ni el Ministro de Defensa necesitan dar órdenes para matar. Ambos fijan el objetivo final, mas no los medios. Son los operadores los que finalmente encaran las dificultades propias de la ruta asignada. Si se cometen tropelías para llegar a la meta final, deberían ser responsables quienes están en la comandancia. El juicio en Miami no tuvo como acusados ni a los soldados ni a los sargentos, menos a los altos mandos del ejército. De haber sido emplazados ellos, la sentencia habría sido diferente. El caso es que la responsabilidad de comando sí residía, como muestra Antezana, en el Presidente y en el Ministro de Defensa (Foronda, 2018b). Lo lógico es entonces que paguen. Esas son las certezas a las que Foronda jamás arribaría.

El 30 de mayo, el juez asignado al caso, James Cohn, quien ocupa esas altas funciones por decisión del entonces Presidente George Bush, emitió una especie de contra veredicto. En él sostiene que no se ha podido demostrar que hubiera un plan para acabar con esas vidas. Cohn recupera en su texto gran parte de la argumentación expuesta por Foronda. Una serie de apelaciones determinará el final del proceso.

3. Conclusiones

A fin de hacer más comprensible los hallazgos de esta revisión histórica, usamos el esquemático método de la enumeración de conclusiones:

1. Durante la denominada Guerra del Gas en Bolivia, la Embajada de los Estados Unidos, a cargo de David Greenlee, asumió la defensa férrea de la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada incluso hasta la noche del 17 de octubre de 2003.

2. Dicha defensa consistió en secundar todos los planes de estabilización económica del gobierno, lo que incluyó el acompañamiento personal del embajador de Estados Unidos a las reuniones con los organismos multilaterales de crédito antes del 12 de octubre de 2003.

3. Dicha defensa llegó además al extremo de que el embajador se reunió con Carlos Mesa, el vicepresidente, para disuadirlo de desistir de su distanciamiento con el Presidente. Cuando éste no aceptó la sugerencia, Greenlee llegó a pedirle a Mesa que renuncie.

4. Aunque Carlos Mesa desdeñó las advertencias norteamericanas de que la caída de Goni era para Washington un retroceso de la democracia, meses más tarde recurrió a ella para sondear la posibilidad de que Estados Unidos apoyara un cierre del Congreso.

5. En virtud de la citada defensa diplomática, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín gozaron y gozan de inmunidad y privilegios en los Estados Unidos, lo cual ha hecho imposible su extradición.

6. Los reportes de la embajada de los Estados Unidos sobre la situación imperante en Bolivia entre septiembre y octubre de 2003 sirvieron de material probatorio a la defensa de los Sánchez en el juicio civil que tuvieron que enfrentar entre el 5 de marzo y el 3 de abril de 2018 en una corte federal del sur de La Florida.

7. En Bolivia puede darse el caso de que un periodista aparentemente voluntario despliegue una cobertura “free lance” desde el lugar de los hechos y durante un mes. El modo oficioso en el que el reportero Erick Foronda regaló su trabajo a los medios nacionales de Bolivia es un dato llamativo que no pudo ser explicado por esta investigación. Un análisis de sus textos, sin embargo, permite deducir su preferencia por los acusados.

8. La estrategia de la defensa de los Sánchez usó solo parcialmente la argumentación de Greenlee. La diferencia radica en que mientras el ex embajador asegura que la masacre se produjo por la indisciplina del ejército que sobre-reaccionó ante las provocaciones de los manifestantes, la defensa de Goni y su ministro en Miami sostuvo que las muertes se produjeron en un contexto de fuego cruzado.

9. En un intento por restarle responsabilidad al ejército, la defensa de los Sánchez optó por acusar a los dirigentes sindicales campesinos por el inicio de la confrontación.

10. Ante el veredicto de Miami en el que se afirma que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tienen “responsabilidad de comando” sobre los soldados que perpetraron las ejecuciones extrajudiciales, los abogados de la defensa cuestionan como inconsistente la parte del veredicto en la que se dice que esos uniformados no tuvieron intención de matar.

11. El que los soldados no se hayan puesto de acuerdo con sus altos mandos para matar o que simplemente no hayan conocido a las víctimas letales de sus disparos, no significa que quienes los enviaron a “liberar” las calles de manifestantes, no hayan tenido ninguna responsabilidad por las consecuencias finales de la ejecución de sus planes. Los daños fueron cometidos y necesitan ser reparados. Esa es la esencia de un juicio civil.

12. En síntesis, la dificultad para dirimir entre operadores estatales legales y acciones ilegítimas cometidas por ellos, existe. Estados Unidos se decidió por los primeros e intentó minimizar las segundas cuando le tocó intervenir en Bolivia el año 2003. En esa ruta coincidió plenamente con Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín a lo largo de una década y media. Por eso, las reflexiones hechas en la embajada de los Estados Unidos en La Paz sobre la situación reinante en septiembre y octubre de 2003 pudieron ser coincidentes con la defensa legal de esas ex autoridades en Miami. Ambos universos cognitivos convergen.

13. La defensa del estado de derecho, en el razonamiento de los Sánchez y de Greenlee, está por encima de la defensa de la vida. Si la cadena de mando deriva en muertes, se trata de una falla del sistema, no de su crisis terminal. Si la gasolina no llega a los surtidores, el Estado debe restablecer ese flujo usando la fuerza, si es necesario.

14. Dichos argumentos no son compartidos por todos los ciudadanos en Estados Unidos. Un jurado de diez personas de La Florida contradijo la lógica de los Reyes, Raber, Foronda, Sánchez o Greenlee. En tal sentido, fluye en los Estados Unidos una concepción diferente que rechaza la posibilidad de que ese país se convierta en un refugio seguro para violadores de derechos humanos. La ley que ayudó a juzgar a Goni y a su ex ministro forma parte de esa concepción.

15. El contra-veredicto del juez James Cohn restituyó la idea pública de que los Sánchez respondieron con torpeza, pero con determinación democrática a la proliferación de protestas en su contra. La ausencia de una “orden” para perpetrar la masacre fue uno de los elementos centrales en la argumentación del juez. La asimilación de Cohn a los argumentos de la defensa de los acusados es otra muestra de cómo esta narrativa, ya desplegada en la entrevista a Greenlee, es influyente en diversos círculos de poder en los Estados Unidos.

4. Bibliografía

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