¿Cuál golpe?
Un golpe de Estado sucede cuando cualquier autoridad legalmente electa es removida de sus funciones de forma violenta e inconsulta. Es entonces un acto, un hecho; no un gesto o una mera intención. Hubo golpe de Estado en Chile, cuando en septiembre de 1973, aviones de combate bombardearon el Palacio de la Moneda. Hubo golpe de Estado en Bolivia, cuando en julio de 1980, las fuerzas armadas obligaron a la Presidente a firmar su renuncia. Hubo golpe de Estado en el Perú, cuando Fujimori, aliado con los militares, instruyó cerrar las rejas del parlamento para llamar a nuevas elecciones. Hubo golpe de Estado en Honduras, cuando en junio de 2009 un comando uniformado sacó del país al Presidente Zelaya, mientras el Congreso elegía a un sustituto por el cual nadie había votado. Los ejemplos son claros y no hace falta sofisticar el concepto, o, cuando menos no pervertirlo. Parte de la institucionalidad democrática puede quedar en pie, pero lo decisivo es que alguna autoridad electa termine siendo desplazada o neutralizada sin su consentimiento.
En Venezuela, el último golpe de Estado ocurrió en 2002, cuando entre el 11 y 14 de abril, el Presidente Chávez fue tomado prisionero por los militares con la esperanza de conseguir su renuncia. Después de ello, hubo dos intentos notables de anulación de una autoridad electa, que no pasaron de ser ensayos fallidos. El primero tuvo lugar en enero de este año cuando la Asamblea Nacional, es decir, el parlamento de mayoría opositora, declaró que el cargo presidencial había sido abandonado. La Constitución venezolana señala que los parlamentarios pueden declarar vacante el puesto de Presidente siempre y cuando detecten una ausencia absoluta del mandatario. Como Maduro no murió, ese intento de golpe de Estado no pudo prosperar. El segundo se dio cuando el 30 de marzo pasado, el Tribunal Supremo de Justicia declaró al parlamento en situación de desacato, por lo que le revocó sus poderes. Tres días después, el fallo estaba revertido. En ese pestañeo de tiempo, la Asamblea siguió funcionando con normalidad. Entonces ¿cuál golpe? Desde 2002, en Venezuela, ninguna autoridad ha sido removida de sus funciones de manera violenta.
Maduro ha convocado ahora a una Asamblea Constituyente. Como jefe de Estado, tiene todas las prerrogativas para hacerlo. Es más, no necesita llamar a una consulta y tampoco la requiere una vez que la nueva Carta Magna esté concluida. La Constituci Es un acto, no un gesto. Almagro, el secretario general de la OEA, ria, pero nadie puede afirmar que se trate de un acto ilegalón entra en vigencia desde el instante en que es publicada en la gaceta nacional. Venezuela es uno de los países en los que los cambios o transformaciones totales de la Constitución gozan de inmensas facilidades.
Si Luis Almagro, el secretario general de la OEA, leyera este compendio de afirmaciones técnicas, me acusaría de ser cómplice de los “dictadores” de Venezuela. Y es que Almagro se ha convertido en el jefe virtual y foráneo de la oposición venezolana, la que lo ha condecorado recientemente en Miami. Almagro ha dicho que la convocatoria a la Constituyente es fraudulenta, porque no ha previsto un referéndum para autorizar su puesta en marcha. Es como si no hubiera leído la Constitución del país que tanto le quita el sueño. Un secretario general de la OEA no puede dedicar su precioso tiempo a ventilar mentiras.
En Venezuela hay un enfrentamiento entre dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Pese a sus reiterados esfuerzos, ninguno de los dos ha conseguido incapacitar al otro. La convocatoria a la Constituyente es un intento, quizás el último, por frenar al parlamento y fabricar una mayoría que el chavismo ha perdido desde hace varios meses. Está claro entonces que las batallas finales no se librarán en Washington. Por eso, la mejor contribución de Almagro a la resolución del conflicto interno en Venezuela sería por ahora su silencio.
