Puertas giratorias
El 10 de octubre de 2007, el gobierno decidió practicar un corte radical. Bajo el número 29308, emitió un decreto supremo que, a decir del ministro Quintana en ese entonces, aspiraba a que las relaciones de Bolivia con otros países adquirieran, ahora sí en serio, un carácter bilateral. El subrayado era preciso: antes eran unilaterales.
Si se lee el decreto, se percibe una fina sinfonía en homenaje a la llamada “Declaración de París”, aprobada dos años antes y por el cual los organismos de la cooperación internacional prometen alinearse a las prioridades definidas por los gobiernos de cada país. Ha pasado una década de la fijación de aquellas buenas intenciones. Dos fueron las principales metas parisinas: alinear y no duplicar. Los donantes debían marchar al ritmo de las autoridades nacionales, y en virtud de esa batuta centralizadora, complementarse en vez de empujar tareas sobrepuestas.
Inspirado en la “Declaración”, el decreto 29308 obliga a todos los que instalan oficinas para ayudarnos, a no hacer lo que mejor les parezca. Ahí no corre el refrán de “a caballo regalado, no se le miran los dientes”. Al contrario, los colmillos de los cooperantes debían empezar a ser vigilados con precisión radiográfica, bajo la premisa de que “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”. El decreto es una pieza de anti-imperialismo concreto. Cada donación debe ser registrada a fin de verificar su destino u objetivo. Ese es el alineamiento tan cacareado por el 2005 parisino. Al fin se liberaba a la promesa del encierro de la letra muerta.
Pensando con agudeza y sellando coherencia, los autores del decreto redactaron un párrafo contra las llamadas “puertas giratorias”. Bajo el título de "Incompatibilidades", el artículo 20 señala textualmente: “los ministros y viceministros están impedidos de prestar servicios en las agencias de cooperación, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y organismos no gubernamentales, hasta dos años después de dejar la función pública, sea como empleados directos o como consultores”. Claro y directo. Si alguna alta autoridad coquetea con los cooperantes desde la cúspide del poder estatal, transformándose en tapete de sus invocaciones bajo la promesa de pasar en breve a sus generosas planillas salariales, debe, al menos, esperar dos años. Puede girar en la puerta, pero a ritmo precavido.
Si se analiza bien, el artículo 20 no contempla excepción alguna. Pero claro, no contaron con la astucia de quien contrata ex ministros fuera del alcance del decreto, es decir, más allá de nuestras fronteras, como ha sucedido con Viviana Caro, la nueva representante del BID en Lima. Tal designación perfora el 29308 de manera determinante. Así, la puerta giratoria alcanza rango internacional y solo castiga a quienes no se han congraciado tan lejos.
Y lo que es peor, solo ataca a la cooperación, dejando de lado al mundo empresarial privado, mucho más dotado de recursos. Así, un ex ministro de Hidrocarburos puede enrolarse al tiro a una empresa con la que pactó meses antes desde la orilla del Estado.
¿Derecho individual al empleo? No creo. En este caso, el bien mayor subordina el interés particular. Cuando alguien ingresa a gestionar el bien común, no puede aspirar a un cambio súbito de funciones sin eludir el manto de la sospecha. El gobierno está en una incruenta encrucijada: o endurece el 29308 o renuncia resignado a trabar puertas giratorias.
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