La papeleta-contrato

La pieza de papel que nos reparten no es poca cosa. La marcamos y al introducirla en el ánfora, estamos entregando temporalmente nuestra voluntad a quien se ha ganado esa nuestra confianza.

En la papeleta de sufragio se imprime información similar a la que figura en un contrato. Sobre su superficie colorida queda oficializado quién o quiénes han sellado su compromiso de servir a los ciudadanos en un determinado cargo y sobre todo, qué institución partidaria o social, en caso de contar con el respaldo popular, asumirá la responsabilidad de tomar decisiones a nombre del conjunto, es decir, de todos, incluso de los que votaron por la opción adversaria.

La papeleta es el único espacio físico de interacción legal entre los habitantes de una circunscripción y sus potenciales autoridades. Allí se verifica el encuentro entre la oferta precisada de gobierno y la voluntad manifiesta de quienes forman autoridad en calidad de sujetos soberanos.

Es un contrato en todo sentido. Registra la promesa y pone en claro hasta dónde llega el reconocimiento y, sobre todo, el acatamiento de la misma para que se haga realidad a plenitud. En la papeleta, el elector contrata al elegido, y mediante ello, queda fijado el nexo que hace operable toda política pública. Tan evidente es esto, que cuando la papeleta vuelve a ver la luz en el momento del recuento, debe ser mostrada claramente a todos los testigos para transformarse en una cifra, en la expresión matemática de la legitimidad medida.

En el departamento del Beni, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha permitido que este contrato entre los electores y los elegidos circule lastrado por graves adulteraciones. La boleta de sufragio en la región fue un factor activo de desinformación. La mitad del documento contenía información equivocada, o, al menos, desactualizada. Los votantes recibieron de manos de nuestra democracia, un documento en el que la mitad de los candidatos a Gobernador ya no están en la competencia. Uno ha sido privado de su sigla y el otro, ha renunciado para dar paso a un sustituto, cuya foto y cuyo nombre no figuran en la papeleta. Es como firmar un contrato en el que la casa que se adquiere, es en realidad un vehículo.

Pero ese “detalle” no parece haberle preocupado a los vocales del TSE. Para ellos, lo central era cancelar, a solo nueve días de los comicios, la personería jurídica de la marca política favorita en tierra beniana. Pues sí, la sanción era lo que legalmente correspondía, pero se aplicó sacrificando la transparencia de las elecciones. Entonces convengamos en que la democracia boliviana no puede aplicar la ley y con ello, echar por la borda la calidad del sufragio. Lo correcto era sencillamente, postergar, imprimir un contrato fidedigno y anteponer los valores de la democracia a los de la letra muerta de la ley. Pero bueno, la herida ya está ahí y seguirá sangrando.