Detectando tránsfugas II

Han pasado pocos días y ya quiero refutarme. Y es que la vida reflexiva está hecha de pasos en falso, pero también de sanas rectificaciones. Escribía aquí dos semanas atrás: “Tránsfuga es quien habiendo sido elegido para un cargo en las nóminas de un partido, se afilia a otro mientras dura su gestión”. Cinco días después, el diputado Manuel Suárez definía: “Tránsfuga es el parlamentario que abandona su partido sin renunciar al curul” (La Prensa, 4-5-02).

Aquí no hay diferencias de fondo. Para ambos criterios, lo reprobable es idéntico: cambiar de partido, pero preservarse en el cargo. En rigor, la única discrepancia visible va como saldo aparente en mi contra. Me sigue pareciendo que cometer transfugio al final del mandato, cuando ya corre la elección para renovar al parlamento, es una infracción menor que si bien distorsiona la representación por unas cuantas sesiones congresales, no amerita armar un escándalo de vestiduras desgarradas. Suárez en cambio exige la renuncia inmediata de los infractores y Verónica Ormachea está en su derecho de aplaudírselo (La Razón, 9-5-02).

Pues resulta que analizados los argumentos en juego, me retracto aquí y ahora. No porque no quiera coincidir con Suárez y Ormachea, sino porque sospecho que el criterio de partida es errado. Detrás de nuestras definiciones merodea la triste idea de que la representación es propiedad del partido, no del elector y menos de la persona que ejerce el mandato.

Suárez parte de esa premisa cuando escribe: “Nada de que renuncias a tu compromiso con el elector, pero que te llevas el cargo contigo”. De acuerdo, pero ¿si Valda o Encinas renunciasen, le devolverían la pega al elector? No señor, se lo entregarían al MIR. Ahí está justamente el yerro. Cuando Suárez reclama: “Dile a tu pueblo que le devuelves la pega que te dio”, olvida que el parlamentario que deja partido y curul, no está en condiciones de detornarle el cargo al ciudadano que votó por él, porque para eso tendría que convocarse a una elección específica para ese escaño, lo cual no está previsto en nuestra legislación.

Vamos ahora a mi segundo motivo de retractación. En ocasiones cada vez más numerosas, los electores han votado por personas y no por los partidos que les sirvieron de cobijo. Por eso sonó impertinente cuando el MBL pidió que Juan del Granado le devolviera el escaño uninominal que él se ganó a pulso en 1997. En ese y en otros casos, resulta evidente que es el candidato el que encumbra al partido y no al revés. Mal haríamos entonces en creer que la devolución del cargo a una sigla es la medida más justa.

Dicho esto, quizás la mejor forma de encarar el asunto sea siendo consecuentes a fondo con la visión del diputado Suárez. Ya que estamos de acuerdo en que el cargo es propiedad del elector, entonces, cuando el representante y la organización que lo patrocinó sueltan amarras, lo recomendable sería organizar nuevas elecciones específicas y localizadas para ese escaño. En vista de que esta solución sólo puede aplicarse a los puestos uninominales, para senadores y pluris podría acudirse a un referéndum departamental. Pero, al margen de todo y en confianza, ¿no es un despilfarro de energías hacer tanta alharaca por unos parlamentarios que mudan de partido a dos meses de que el pueblo decida si se van o se quedan?