La victoria de la coca
El 10 de enero de 2013, Bolivia volvió a formar parte del amplio grupo de países signatarios de la Convención Única sobre Estupefacientes, aprobada en 1961. Su abandono del acuerdo internacional se hizo efectivo durante todo el año 2012. Pablo Solón, ex embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, había descrito este proceso como un divorcio con matrimonio reincidente y casi inmediato, pero excluyendo en esta segunda fase, a la suegra. Se trataba de una medida audaz consistente en alejarse del concierto de las naciones, aunque para volverse a reintegrar, bajo nuevas condiciones. Hoy Bolivia está de vuelta, reiterando su compromiso de lucha contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo reafirmando su derecho soberano a masticar la hoja de coca. Si antes el sistema multilateral nos tenía a disgusto, ahora nos puede contar entre sus socios más convencidos.
Los funcionarios de Naciones Unidas encargados de supervisar el combate contra las drogas reaccionaron molestos cuando conocieron la estrategia boliviana. Su principal motivo de lamentación fue que otros países podían imitar el gesto y multiplicar así la cantidad de reservas a la Convención, invalidando lentamente su carácter pétreo y monolítico. Temen una erosión gradual que vaya pluralizando las aproximaciones al tema. Les asusta que los países y estados sean innovadores y empiecen a entender que el problema de las drogas exige intervenciones tan diversas como la realidad. Quieren seguir usando el derecho internacional como camisa de fuerza de una guerra que ya lleva décadas fracasando y arrojando centenares de víctimas.
Los países que rechazaron la reserva boliviana son solo 15. El principal de todos es Estados Unidos, pero no deja de llamar la atención el enfado de Rusia. Son estados que han catalogado a las drogas como un asunto de seguridad nacional, que las consumen y que invierten millones tratando de rehabilitar adictos y blindando porosos pasos fronterizos. Todos ellos aspiran a mantener el espíritu de la Convención, por el cual la materia prima de las drogas debe desaparecer junto con ellas. Los usos lícitos les parecen un fastidioso pretexto para preservar la industria de la cocaína o del opio. Alternativas creativas como la legalización de la marihuana o un enfoque más médico que represivo ya son una auténtica herejía para estos países renuentes a aceptar el enfoque boliviano. Sin embargo, Bolivia actuó de acuerdo a las previsiones de la Convención y no se ha apartado ni un milímetro de los procedimientos establecidos por la comunidad internacional. Lo que pasa es que esos 15 países no esperaban que uno pequeño como Bolivia haga uso de esos mecanismos. Estaban ahí solo como ornamento para demostrar una apertura de la cual no se está muy convencido.
Divorciarse para retornar al seno del matrimonio, no es, sin embargo, la más radical de las acciones. Bolivia ha actuado de acuerdo a su estatura de país intermedio, en su calidad de ex colonia. Le ha impuesto al mundo el respeto a una tradición ancestral y vigente, pero solo dentro de su territorio. En otras palabras, Bolivia ha legalizado lo que ya era legal en la práctica desde hace siglos. Masticar coca ha dejado de ser entonces una costumbre a ser erradicada, al menos, dentro de nuestro millón de kilómetros cuadrados. La coca no puede, por tanto, rebasar nuestras fronteras.
¿Por qué tanta inquietud entonces, si no hemos cambiado nada de lo ya pre existente? El fastidio ajeno nace quizás del hecho de haber usado nuestra soberanía. Tuvo que pasar medio siglo para que un gobierno boliviano hiciera valer sus prerrogativas y se comportara como el representante de una nación adulta. Eso es lo que se esconde detrás del rechazo, el temor a que el mundo se haga mucho más multipolar y que países intermedios como Bolivia puedan hablar en voz alta.
Por otro lado, la política contra las drogas es concebida aún por muchos como una acción emanada de un comando único. Se percibe el problema como uniforme y mono-dimensional. Parece imposible imaginar vías alternativas, miradas apartadas de la acción policial. En ese marco, se concibe la soberanía de cada estado como una moneda de cambio dentro del mercado de las supuestas ventajas de la cooperación. Acatar todos los artículos de la Convención otorga un paquete de ayuda, generalmente destinada a funcionarios estatales. Esa es la tenaza de dos puntas que representa bien el manejo de los acuerdos multilaterales: de un lado las sanciones y del otro, el apoyo financiero y técnico. Es el modo de crear un orden supra-nacional y Bolivia le ha hecho a ese montaje férreo un pequeño agujerito.
En 1988, nuestro país logró que le sea aceptada una reserva similar a la de la reciente defensa del acullico dentro del territorio patrio, aunque en el marco de la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, el segundo pilar del marco legal internacional para el combate contra las drogas. Evo Morales no era Presidente. Estaban al mando, primero Paz Estenssoro y luego Paz Zamora. ¿No podría decirse entonces lo mismo para ese caso que lo que se dice en 2013?, ¿no fueron ambos gobiernos tan soberanos como el actual al plantear dicha reserva?
Es cierto. Ya en la década de los años 80, y sobre todo tras la recuperación de la democracia, el país comenzó a moverse sobre la ruta correcta. Sin embargo, la aceptación de la reserva parece haber sido una concesión del sistema multilateral a condición de que nuestro país aprobase la Ley 1.008. En efecto, la reserva del 88 fue más un ornamento simbólico en el contexto de una política anti drogas iniciada por la Ley 1.008, por la cual la erradicación forzada de cocales dejó cientos de muertos y heridos. En otras palabras, el margen de soberanía conquistado en la Convención terminó siendo cedido dentro del territorio nacional, con la aplicación de una brutal represión contra los pobladores del Chapare. De ese modo, los países consumidores de droga trasladaban la solución del problema a los territorios periféricos, donde las violaciones a los derechos humanos suelen resonar menos.
Ahora, con la aprobación de su reserva, Bolivia ha puesto en sintonía las convenciones de 1961 y 1988. Ahora sí, por primera vez, ambas reconocen en simultáneo el derecho de los bolivianos a masticar la hoja de coca. Era el toque de coherencia que le hacía falta al sistema.
¿Cuáles son los pasos que falta dar ahora? Algunos postulan que la siguiente fase consiste en sacar a la hoja de coca de la lista de sustancias controladas. Ello implica que el mundo reconozca la libre circulación del producto. Esa es una medida que difícilmente gozará de algún tipo de respaldo. Solo los traficantes de droga podrían aplaudirla. Movilizar la coca a lo largo y ancho del planeta ni siquiera parece tener un sentido comercial, salvo que la costumbre de acullicu se expanda a otras latitudes como sucedió con el tabaco o la navidad. Lo correcto es más bien industrializar la hoja, extrayendo de ella el alcaloide que la condena mundialmente. Las propiedades y virtudes de la coca van más allá de lo que la ayuda a transformarse en cocaína. Bolivia puede exportar coca sin el alcaloide, en forma de diversos productos, sin alterar un ápice la Convención. Esa ya es una política exportadora francamente desligada del asunto de las drogas. En ese terreno, la coca tendrá que probar que es algo más que un anestésico casero.
Otra opción a mediano plazo es invitar a Perú, Argentina y Paraguay a presentar una reserva similar a la de Bolivia a fin de que el masticado sea permitido en sus territorios. De ese modo se fortalecería el mercado habitual de nuestra hoja en esas áreas y se reforzaría su uso tradicional. Tampoco en este terreno habría cambios trascendentales en el devenir de los hechos. Nuestra coca seguiría perforando esas fronteras y continuaría vendiéndose libremente en los mercados de esos países consumidores.
Por todo lo señalado, quizás el gran avance a futuro pueda ser la formulación de una política diferente en materia de drogas. Conocido el fracaso de las políticas actuales en todo el mundo, a Bolivia le beneficiaría mucho si impulsa una propuesta que pueda ganar el respaldo de países castigados por la violencia como México, Guatemala o Colombia. El ejemplo de la erradicación controlada, voluntaria y bajo estricto respeto de los derechos humanos podría ser un primer ingrediente de dicha política alternativa. El debate debería proseguir ahora que ha retornado a los escaparates de la opinión pública mundial.
